Impunidad en Cajeme provoca aumento de la violencia

por: Uniradio Noticias - 24 Julio 2017, 07:30 am

Por Alán Aviña

 Hermosillo.- A Jesús Rolando lo mataron por dinero. El contador de 44 años y maestro del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) esperaba su comida en un restaurante de mariscos cuando llegaron varios encapuchados para pegarle un tiro en la cabeza.

Rosalinda  llegó al lugar y vio el cuerpo de su hermano Rolando en el suelo cubierto por una manta blanca y de su cabeza escurría un hilo grueso de sangre.

El 15 de septiembre de 2015 terminaron con la vida del hermano menor de la familia Chávez Espinoza. Fue el único que terminó la universidad y era como un padre para Rosalinda.

La principal línea de investigación involucra a personas muy cercanas a Rolando, quienes habrían pagado a tres sicarios para quedarse con su casa, la camioneta y el despacho contable.

— Hay mucha violencia aquí y por lo mismo — explica Rosalinda —, como no hacen nada, como no resuelven nada, la gente por maldad o por quererte quitar lo tuyo paga por matarte.

Un mes antes de su muerte, Rolando había sepultado a la hermana mayor, Lupita, quien vivió hasta el último día en su casa hasta que el cáncer la consumiera por completo.

El maestro universitario adoptó a su sobrino tras la muerte de Lupita. Lo envió a la universidad, donde al igual que él, estudió Contaduría y estuvo un año en Estados Unidos mejorando su inglés.

Rolando estaba pensando que su sobrino, en unos años, podría hacerse cargo del despacho contable.

— Cuando mataron a Rolando, mi sobrino me dijo: ‘yo me voy, porque mi tío no se accidentó, no se enfermó. Cómo me voy a quedar al frente, lo mataron porque querían lo de él, me van a matar a mí también’—, contó Rosalinda.

El sobrino de Rolando viajó a Estados Unidos. En menos de dos meses había perdido a su madre y a quien consideraba su padre.

Sergio Anaya, un experimentado periodista, citando el título del célebre cuento de Edmundo Valadés, dijo que en Cajeme “la muerte tiene permiso”.

Lo dijo cuando hombres armados asesinaron en la calle más transitada a una mujer y a dos niñas menores de edad. En el ataque fue herida otra mujer y un bebé de dos meses. Era el clímax de una trayectoria  de violencia que había iniciado hacía algunos años.

El 21 de enero del 2008 en una residencia de la colonia Burócratas, en Culiacán, más de 300 elementos del  Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) capturaron al hermano menor de los Beltrán Leyva, Alfredo, alias el ‘Mochomo’.

Tras la captura del ‘Mochomo’, en Cajeme una célula de los Beltrán Leyva comenzó a disputar la ciudad con el Cártel de Sinaloa, según altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la anterior administración. Ese año los homicidios aumentaron 189 por ciento. Desde la declaratoria de guerra hasta hoy, más de mil 200 personas han muerto de manera violenta, según estadísticas oficiales.

El 2016 fue el año más sangriento desde 1990, donde hubo 26 homicidios cada mes, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Pero en 2017 esa cifra podría superarse. En el primer trimestre, un informe del Observatorio Sonora por la Seguridad reveló un incremento del 160 por ciento en estos crímenes.

A Rosendo Arrayales, abogado y activista por los derechos humanos, la violencia lo fue alcanzando. Comenzó protestando para reducir el sueldo de funcionarios municipales, llevó una propuesta al Cabildo para instalar bebederos en el centro de la ciudad, hasta que hace cuatro años una familia le solicitó apoyo para reclamar una osamenta.

Después de ayudar a esa familia, otras víctimas de la violencia que vive Cajeme comenzaron a acercarse a Rosendo.

— Nosotros como organización ciudadana, nuestro activismo, pues se convierte de repente en un referente de acompañar a víctimas de la violencia—, contó Rosendo.

El 14 de septiembre la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano visitó Cajeme para asistir al último informe de gobierno del alcalde Rogelio Díaz Brown. Arrayales preparó una carta con 10 casos de víctimas de la violencia que entregaría a la mandataria con el fin de que intercediera ante la PGJE para que se hiciera justicia.

Rosendo y la Gobernadora estudiaron juntos Derecho en la Universidad de Sonora. Pensó que eso le valdría para entregarle la carta, pero no pudo burlar el cerco de seguridad que le montaron sus guaruras.

En la carta, que contenía las lágrimas y el dolor de varias familias se enumeraban los siguientes casos:

Gabriela Waldez, fotógrafa de eventos sociales. Amenazó con denunciar  a un grupo de narcomenudistas por vender mariguana a unos adolescentes. Ellos montaron una fiesta falsa y la contrataron. Desapareció y fue encontrada dos años después cuando un bulldozer removió su cadáver mientras hacía maniobras en un predio deshabitado.

Josué Carlos de la Parra Orozco. Abogado fiscalista de 30 años, secuestrado el 24 de junio de 2015 saliendo de un gimnasio. Los captores pedían 600 mil pesos a la familia. Lo mataron al tercer día de estar cautivo porque tumbó a uno de los delincuentes al intentar defenderse. Después de muerto aún seguían pidiendo su rescate.

David Espinoza. Maestro de secundaria, músico y “biker”. Fue privado de la libertad en agosto del 2015 y asesinado. La PGJE tardó dos meses en realizar pruebas de ADN determinar que la osamenta que encontraron era de David.

Heriberto López. Investigaba la desaparición de su hijo de 21 años, quien también se llamaba Heriberto. Fue asesinado cuando llegaba a una tienda de autoservicio.

Denisse Fabiola Velázquez Rascón. La empleada de Banamex fue sacada de su casa por hombres armados en 2014. No les importó que su hijo de 5 años de Fabiola presenciara el “levantón”.

Sergio Niebla Jiménez. La esposa ha tenido que aportar las pruebas a la PGJE para resolver el crimen. Los agentes le dijeron que era entendible que lo secuestraran siendo abogado penalista.

— No es agradable conocer estos casos — relató Rosendo—, para mí que no soy psicólogo, ni que tengo el poder para decir se va a resolver esto. Pero la gente está desesperada, y no nos queda más que salir a protestar.

Jesús Alberto García Venegas no quiere morir hasta que se haga justicia. El cáncer lo está reduciendo rápidamente, y cuando le quedan fuerzas las aprovecha para investigar la muerte de su hijo, Ángel Amado García Santizo.

El 8 de octubre del 2012, el Motor, como le decían a Ángel Amado, viajaba en un picap con sus amigos cuando se percató que los seguía otro vehículo a alta velocidad. El joven cayó del auto a un costado del canal. Al día siguiente lo encontraron flotando con su ropa aún puesta.

— En el Plano Oriente todos saben que lo mataron. Un chavalo que mataron ahí afuera del Piri Sagasta andaba presumiendo que él había sido el que le dio el primer tubazo en la cabeza al Motor. En la Procuraduría dijeron que había sido una muerte fortuita—, comentó el papá.

A Jesús Alberto le impidieron ver el cuerpo de su hijo. Le montaron una guardia con empleados de la funeraria en el velorio para cerciorarse de que no abriera el ataúd.

Ángel Amado era testigo en el juicio por la tenencia de un terreno que tenía su padre. Quien se quedó con la propiedad, le dijo a Jesús Alberto que si seguía con el litigio le pasaría lo mismo que al Motor.

— Se ordena (en la PGJE) que manden un informe donde dice que nosotros reconocemos el cadáver de mi hijo. Yo Jesús Alberto García Venegas, y sus hermanos Marvín García Santizo y Marlene García Santizo  reconocen el cadáver, y son mentiras. No lo vimos, no sabemos ni a quién enterramos —, dijo.

Si colocaran un cenotafio por cada muerte, Cajeme sería un cementerio. El cine más grande de la ciudad ya cambió su nombre. Ahora todos lo conocen como el lugar donde se han consumado seis ejecuciones.

La calle principal, la Miguel Alemán, ha sido constantemente un escenario de guerra. En esa rúa tan transitada, en un banco mataron a balazos a un hombre que bajó de su carro para retirar dinero. Iba siguiendo el cortejo fúnebre donde llevaba al cementerio a su esposa, que dos días antes había sido asesinada a unos metros de ahí.

— Sobrevivo al dolor y al miedo — confesó Rosalinda—, y ando en la calle viendo para todas partes, espejeando a ver quién está cerca. Uno sigue queriendo hacer su vida normal, porque tengo que dejar hijos a la escuela y no me puedo encerrar. No tengo nada contra nadie, pero si mi hermano, que era mi hermano, ahora a uno que anda investigando su muerte.

— Quiero que se acaben las injusticias porque traemos un sufrimiento que es muy feo, no hay una palabra en el diccionario para esto que estamos pasando—, abundó Jesús Alberto.

— A pesar de que es tarde para muchas familias porque ya están viviendo una desgracia, para la mayoría de la sociedad y de las futuras generaciones todavía debemos de sentir que hay esperanza—, precisó Rosendo.

Rosalinda, Rosendo y Jesús Alberto, intentan evitar que los cajemenses se acostumbren a los rugidos de los AK47, al color ocre de la sangre seca y al luto sin cadáver.

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