Los Ángeles paga millonaria indemnización por muerte de detenido

por: Notimex - 9 Agosto 2017, 08:44 pm
LOS ANGELES.- La ciudad de Los Ángeles y el Departamento de Policía de la localidad (LAPD) pagarán una indemnización de casi un millón de dólares a los deudos de un hombre que murió a manos de policías tras una detención de rutina.
 
La viuda de Omar Abrego y sus tres hijos recibirán unos 990 mil dólares para solventar una demanda interpuesta contra dos agentes del LAPD por uso de la fuerza "irracional e ilegal".
 
Abrego murió en un incidente ocurrido el 2 de agosto de 2014, un día después de un altercado con policías que intentaban arrestarlo, en medio de una ola de protestas contra la muerte de personas en incidentes con agentes, especialmente afroamericanos.
 
Abrego murió una semana antes y a pocas cuadras que Ezell Ford, un afroamericano mentalmente enfermo, asesinado por agentes.
 
Los funcionarios del forense determinaron que Abrego, de 37 años, murió por los efectos de la cocaína, pero agregaron que contribuyeron al deceso la "coacción física y emocional" que experimentó durante el incidente con los sargentos Jeff Mares y Robert Calderón.
 
Los agentes recibieron un reporte sobre un vehículo sospechoso en un callejón, y al llegar al sitio, Abrego saltó del transporte e intentó huir.
 
Uno de los sargentos detuvo a Abrego, quien se liberó y golpeó al uniformado en el pecho, quien respondió pegando a Abrego tres veces en la cara y usando "fuerza adicional", mientras el otro oficial lo tomaba del brazo y entre ambos lo colocaban en el piso, expresó un informe policial.
 
Los sargentos recibieron refuerzos, esposaron y ataron las piernas a Abrego, quien luego, en el hospital, fue diagnosticado con insuficiencia renal y una degradación tóxica del tejido muscular, según su informe de autopsia, que reveló además grave conmoción cerebral, cortes, moretones y "toxicidad por cocaína".
 
La Comisión de Policía de Los Ángeles ha dictaminado que los dos sargentos actuaron dentro de la política del departamento. En febrero de 2016, los fiscales anunciaron que los sargentos no serían acusados ​​penalmente ni enfrentarían cargos administrativos.
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