Juan Carlos Zúñiga

Juan Carlos Zúñiga

Columnista

Hay que asediarlos…

19 Diciembre 2017

A Sonora los actos de corrupción le cuestan 54 mil millones de pesos, casi el presupuesto anual del Gobierno del Estado.

Por Juan Carlos Zúñiga

 

A Sonora los actos de corrupción le cuestan 54 mil millones de pesos, casi el presupuesto anual del Gobierno del Estado. Y es que se calcula que en México los actos de corrupción representan entre el 9 y el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Si consideramos que la economía de nuestro Estado vale 540 mil millones de pesos, el 10 por ciento resulta en 54 mil millones.

Sonora ocupa el quinto lugar nacional de empresas que han sido víctimas de actos de corrupción, según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, levantada por primera vez por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2016.

Por cada 10 mil empresas, se presentaron 24 mil 062 actos de corrupción para agilizar trámites, evitar sanciones, obtener licencias o permisos, evitar clausura de establecimientos, pagar menos impuestos, evitar inspecciones u obtener algún servicio público.

A cada empresa le costó 48 mil 871 pesos en todo un año hacer frente a los actos de corrupción.

No por nada el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ubica la corrupción como el principal tema de preocupación de los ciudadanos (51%), seguido de la inseguridad y la delincuencia. Se estima que las familias a nivel nacional destinan el 14 por ciento de su ingreso para actividades de corrupción, pero es más notorio en familias que perciben bajos ingresos ya que este segmento destina el 33 por ciento de sus ingresos totales.

“A grandes males, grandes soluciones”, reza el dicho, y parece que esa lógica usaron las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para conformar el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales anticorrupción.

En el caso de Sonora, el Sistema Estatal Anticorrupción, si sumamos todas las dependencias involucradas, nos costará el próximo año 3 mil 052 millones 323 pesos, considerando el presupuesto total de la Fiscalía General de Justicia y del Poder Judicial del Estado.

Si nos vamos a detalle, el costo de las áreas vinculadas directamente al tema anticorrupción será el siguiente, de acuerdo con la propuesta de Presupuesto de Egresos del Ejecutivo Estatal: Sala Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa, 20 millones 942 mil pesos; Fiscalía Anticorrupción, 46 millones 392 mil pesos; Instituto de Transparencia, 30 millones 482 mil pesos; Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), 191 millones 908 mil pesos; Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, 10 millones 700 mil pesos; y Secretaría de la Contraloría, 186 millones 033 mil pesos, dando un total de 486 millones 457 mil pesos. Es decir, el Gobierno de Sonora destinará el próximo año 500 millones de pesos para combatir la corrupción.

Cada una de las dependencias anteriormente mencionadas tiene una silla para conformar el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, que será presidido por un integrante del Comité de Participación Ciudadana. La cabeza del sistema es, en teoría, ocupada por un ciudadano.

Ya en otros espacios he expuesto lo cuestionado que fueron los procesos para elegir Fiscal Anticorrupción, Auditor Mayor del ISAF, magistrados de la Sala Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa e integrantes del Comité de Participación Ciudadana, sobre todo en el tema de la independencia de sus integrantes, pero pues ya están aquí, ya los tenemos y nos van a costar 500 millones de pesos… ¿qué debemos hacer como ciudadanos? Vigilarlos y presionarlos para que realicen su trabajo, inundarlos con solicitudes de acceso a la información, promover que las sesiones del Comité Coordinador sean transparentes y de acceso público, asediarlos por redes sociales, visibilizar sus nombres y hacerlos conscientes de que la corrupción en Sonora cuesta ¡54 mil millones de pesos!

Es hora.

 

 

 

 

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